Efectos de la crisis por COVID-19 en la dinámica económica de las MIPYMES en El Salvador: propuestas para su reactivación.

Por MSc. Alexis Serrano.

En el mes de marzo, la Asamblea Legislativa emitió la “LEY DE REGULACIÓN DEL TELETRABAJO”, la cual en su artículo 1 plantea, entre otras cosas, que el objeto de dicha ley es promover, armonizar, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las instituciones públicas, privadas y autónomas, a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicación.

Este instrumento legal debe servir para desarrollar la capacidad competitiva que debe tener, sobre todo la MYPE, en momentos de crisis como es el caso Covid-19 (Crown Virus + Disease +2019 = Enfermedad del virus de la corona-2019).   

¿Por qué enfocarse en la MYPE?, en primer lugar, porque en esta pandemia, la micro y pequeña empresa mostró debilidad tecnológica para atender a sus clientes, seguir captando pagos de sus deudores, para mantener relaciones con proveedores, y, sobre todo, con sus trabajadores.

La mediana empresa, y sobre todo la grande, al ser declarado el aislamiento total y la restricción de movilidad social, inmediatamente reaccionan trasladando e instalando tecnología y puestos de trabajo en los respectivos hogares (hasta donde fue posible). Las empresas que ya trabajaban con delivery o estaban enlazadas con Uber, Hugo y otras de reparto, continuaron activas en la economía, pero eso no le fue factible a la empresa que se vio en la necesidad de movilizar físicamente a sus trabajadores.

 Luego, cuando se suspende el transporte público, viene a complicar, aún más a la MYPE, que de la noche a la mañana corre por su cuenta transportar a sus trabajadores. Entonces, aquí la bondad y necesidad de adoptar e implementar paulatinamente el “Teletrabajo”.

El concepto de “Home office” en países desarrollados no es nuevo, desde los años 90 se da un auge del mismo, con el nombre de “Puestos Alternativos de Trabajo”. Lo anterior, ofrece un panorama de la necesidad urgente de incorporar la tecnología al aparato productivo.

 La segunda razón por la que se debe atender y fomentar esta nueva práctica en la MYPE es porque, según la “Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 2017”, existían 317,795 unidades productivas, entre emprendimientos, micro y pequeña empresa. 33.92% eran emprendimientos (107, 796 unidades económicas o establecimientos cuyas ventas brutas anuales no superan los $5,714.28, sin trabajadores remunerados y que trabajan con lógica de sobrevivencia). El 60.76% era microempresa (193, 092) y el 5.32% era pequeña empresa (16, 907). Aproximadamente 78% de ellas se encuentran en el mercado informal, sin cotizar al ISSS, AFP y sin registro en el Ministerio de Hacienda. El 77.9% en promedio, no utiliza internet. También se estima que 854,732 personas trabajan o están ocupadas en torno a una micro y pequeña empresa.

El Gobierno anunció un plan económico que incluye apoyo crediticio para el sector empresarial y ayuda para los sectores vulnerables afectados por los efectos del COVID-19 en la economía. Según lo anunciado “Es una propuesta para la reactivación de la economía, principalmente determinada para los micro, pequeños y medianos empresarios que por causas de la crisis han tenido pérdidas económicas”.

La ayuda hacia el sector empresarial incluye también, la apertura de créditos a bajas tasas de interés para la pequeña, mediana y gran empresa que han salido afectadas por los efectos de la pandemia en la economía. Para ello se destinarán $360 millones. Asimismo, presentan una línea de crédito con un fondo de $100 millones destinado a financiar al sector informal en un plazo de tres años. En ese mismo sentido, el plan incluye la cobertura del 50% de salario para los empleados de la micro, pequeña y mediana empresa afectadas por el cierre causado por la pandemia. Este programa estaría financiado con $140 millones.

La intención y los datos arriba mencionados son buenos propósitos, pero en ninguno de ellos se refleja que el enfoque del apoyo financiero hacia la tecnificación y sistemas de comunicación que se ha mostrado como una debilidad en el tejido productivo de dicho sector.

Hoy es oportuno que se aproveche la coyuntura para formalizar a muchos microempresarios que tienen la capacidad de hacerlo, y apoyarlos en la tecnificación de sus procesos productivos y puestos de trabajo.

Como se observa arriba, casi el 78% de la MYPE no utiliza internet en sus negocios, eso justifica enfocar parte de la ayuda financiera, hacia la tecnología de la información y comunicación.

Finalmente, de las 317,795 MYPE que existían en El Salvador en 2017, el 94.68% corresponde a unidades productivas de emprendimientos y microempresas (33.92% y 60.76% respectivamente). La pequeña empresa, según la “Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 2017”, solamente representa el 5.32%. También, es de considerar que el 78% de ellas se encuentra en el mercado informal, lo que justifica su atención, tecnificación y formalización; a fin de fortalecer la capacidad productiva de la economía de El Salvador.