La Universidad de El Salvador a través de la Facultad de Ciencias Económicas ante la situación generada por la pandemia del COVID-19 y el panorama general de la situación económica actual en el mundo y en El Salvador, al Gobierno de la República, expresa:

La pandemia del Coronavirus (COVID-19) está generando, además de efectos en la salud, efectos en la economía mundial. A mediados de marzo 2020, Alicia Bárcena, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), advirtió que la pandemia del COVID-19 tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial, superiores a los de la crisis de 2008 y que la región latinoamericana y el caribe no estarán exentos a ellos, ya que serán impactados a través de varios canales incluido el sector externo.

Para El Salvador, es preocupante que Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales (44.5% de las exportaciones salvadoreñas se dirigen a ese país), se haya convertido en el epicentro de contagios por COVID-19 a nivel mundial. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta el 31 de marzo registró 189,510 casos de personas infectadas por el virus (22.04% del total mundial), superando a China, país donde inició la propagación del virus.

Indiscutiblemente si esta situación continúa, además de una crisis sanitaria se avecina una crisis económica para los estadounidenses, lo cual también tendrá repercusiones en la economía salvadoreña a través de mecanismos de transmisión. Dentro de estos se encuentran las remesas familiares que se prevé experimenten una reducción abrupta para 2020, reducción en el comercio exterior, el desplome de la inversión extranjera directa, el cierre de los flujos de turismo, entre otras variables, por lo que El Salvador debe estar preparado para prevenir los efectos adversos de la crisis económica.

En el comercio mundial se está reduciendo el flujo de productos básicos lo cual impactará a la economía salvadoreña pues esta depende enormemente de las importaciones de bienes de consumo y dentro de ello los alimentos. Al mismo tiempo los salvadoreños que residen en Estados Unidos y otros países se verán afectados por el incremento del desempleo que producirá un menor envió de remesas a El Salvador.

También en el sector externo existe riesgo crediticio para financiar la inversión salvadoreña dado el mayor diferencial en el riesgo país medido por el EMBI + que ha venido ascendiendo.

Es innegable que la pandemia del COVID-19 producirá impactos negativos en el gasto de consumo, producción y caída de la inversión en la economía salvadoreña traduciéndose así en un menor crecimiento económico para el 2020.

También se prevén choques de oferta agregada tales como: menor empleo a causa de la cuarentena que ha reducido los turnos de las empresas hasta el cierre de su actividad productiva acompañando esto a una caída de la productividad laboral y la producción.

Dentro de los sectores económicos que se verán más golpeados en el corto plazo se tiene el turismo, el transporte (destacando la aviación, transporte de pasajeros, servicios de taxi), restaurantes y hoteles, centro de atención telefónica, servicios, industria manufacturera e industria de la construcción y el comercio.

Ante este escenario recesivo es necesario tomar en cuenta que El Salvador carece de varios instrumentos de política económica: política monetaria, crediticia y cambiaria. Esto lleva a hacer uso de las únicas políticas existentes: política fiscal y en menor medida la política financiera (encaje legal, prestamista de última instancia, regulación y supervisión financiera).

Por el momento, Estados Unidos ya inició con un plan de estímulo económico de $2.2 billones de dólares americanos que considera la distribución de dichos fondos para consumidores y empresas, también ha impulsado una política monetaria expansiva, anunciando un nuevo programa de préstamo para las empresas y municipalidades por $3 mil millones de dólares. De alguna manera estas políticas favorecerán un alivio temporal para la economía al atenuar el fuerte impacto que la crisis económica sobre la demanda agregada, puesto que, de continuar la tendencia; Estados Unidos deberá implementar medidas adicionales de política económica cuyos resultados tienen repercusiones en la economía mundial y por supuesto en la economía salvadoreña.

Los países de América Latina también ya comenzaron a tomar una serie de medidas en materia sanitaria pero también en el ámbito económico para contrarrestar los primeros signos de la crisis económica que se aproxima. La CEPAL advierte que, en el escenario económico actual, el Producto Interno Bruto (PIB) regional podría contraerse hasta un -1.8% en 2020, situación que vendría acompañada por el incremento del desempleo que se prevé a nivel mundial incrementará a 24.7 millones de personas en el peor escenario según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y, por lo tanto, esto contribuirá a que la pobreza extrema incremente en 33.53% en la región latinoamericana, como señala la CEPAL.

Ante este panorama que se advierte para los próximos meses de 2020, es necesario tomar medidas de carácter urgente que solventen la situación económica durante la cuarentena, pero también posterior a ella porque se enfrentará una débil condición económica que ya está afectando a los hogares salvadoreños, a las empresas, principalmente la micro, pequeña y mediana empresas, incluidos los trabajadores y trabajadoras del sector informal. Se reconoce que el gobierno de El Salvador ya comenzó a tomar algunas medidas económicas y éstas se deben de ejecutar atendiendo a una visión planificada post crisis y evitando la improvisación en su implementación.


A partir del panorama expuesto, la Universidad de El Salvador recomienda una serie de medidas y consideraciones que buscan contribuir a la discusión económica del país en aras de reducir los impactos negativos que la crisis puede generar en la economía salvadoreña. Las recomendaciones para el gobierno están orientadas en tres áreas: a nivel macroeconómico, medidas dirigidas a los hogares y medidas para las empresas principalmente micro, pequeñas y medianas empresas, durante la situación de cuarentena por la pandemia de COVID-19 y posterior a ella.

Estas recomendaciones tienen a la base elementos importantes que deben de ser ejes transversales a tomar en cuenta en cualquier medida económica que se establezca. Un primer eje es garantizar la transparencia de toda la información que fluye desde el gobierno hasta los diferentes actores de la sociedad en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. El gobierno debe establecer los mecanismos apropiados para garantizar que toda la población esté completamente informada de las medidas económicas a tomar, tanto en el corto como mediano y largo plazo.

Para ello es necesario que considere las dificultades que hay en el país en cuanto al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por parte de la población. Como país tenemos un bajo acceso a internet. En 2018, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), solamente el 34.02% de la población utilizaba el internet para actividades y servicios por lo tanto es necesario buscar urgentemente otros medios para transmitir información oportuna y clara a toda la población.

En este ámbito, se reconoce como positiva la recomendación para que la Universidad de El Salvador formara parte de la Junta Directiva del Comité de Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica y lamentamos que finalmente no se tomó en cuenta a la única universidad pública del país.

Un segundo eje transversal se refiere a que las medidas económicas que se diseñen deben tener a la base, amplia participación y consenso de los diferentes actores de la sociedad, pues son ellos los que afrontarán de manera directa los efectos de la crisis económica. Se sugiere la conformación de un grupo de dialogo técnico con actores como el gobierno, empresas, trabajadores, el sector académico y las municipalidades para poder tomar decisiones a partir de la realidad que cada sector esté enfrentando.

Por último, todas las medidas económicas que se implementen deben de anteponer los derechos humanos indispensables para la reproducción material y espiritual de la vida humana, y garantizar lo que dicta el art. 1 de la Constitución de la República de El Salvador referido a que es obligación del Estado de asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

Así como también lo referido a lo que dicta el art. 37 en relación al trabajo, donde se establece que el trabajo es una función social, goza de la protección del Estado y que será éste el que empleará todos los recursos a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna.

Considerando estos tres elementos transversales en cualquier discusión de medida económica a implementar y con el propósito de mitigar la crisis económica producto de la pandemia, se establecen las siguientes recomendaciones para el Gobierno Central:


Recomendaciones para el Gobierno de carácter macroeconómico.


Finanzas públicas:

En relación a la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa para que el órgano ejecutivo adquiera un financiamiento de $2 mil millones de dólares para atender la crisis por la pandemia COVID-19, se recomienda la planificación, transparencia y responsabilidad en el uso de estos y otros fondos públicos para canalizarlos de la manera más apropiada hacia los sectores de la población más afectados y vulnerables con la crisis ante la pandemia.

Es indiscutible que la situación económica actual, que prevalecerá los próximos meses en el país, requiere mayor responsabilidad y estudio del uso de los recursos del Estado, pero al mismo tiempo evitar en lo posible, el deterioro de las finanzas públicas. De acuerdo a la información del Ministerio de Hacienda se prevé una caída en los ingresos fiscales por $500 millones para 2020.

Con las recientes medidas de aplazamiento del pago de impuesto de las empresas distribuidoras de energía eléctrica y empresas telefónicas, así como el pago del impuesto sobre la renta (ISR) del año anterior (2019), se tendrá una caída en los ingresos del Estado, al mismo tiempo, la contracción en la demanda agregada específicamente el consumo, afectará la recaudación por IVA, motivo por el cual se deben de comenzar a estudiar estrategias para solventar estos ingresos, como por ejemplo la reducción en la evasión y elusión fiscal y en el mediano y largo plazo, revisar técnicamente los incentivos fiscales.

Aunado a ello, el saldo de la deuda pública incrementará, lo cual aumenta el riesgo crediticio para el país. Por ejemplo, solo los $2 mil millones aprobados para el ejecutivo representan aproximadamente el 7.4% del PIB de 2019, situación que comienza a poner en riesgo las finanzas públicas.

También se recomienda valorar la posibilidad de realizar una reorientación responsable de recursos entre carteras de Estado menos prioritarias hacia otras carteras primordiales sobre todo en esta emergencia como el Ministerio de Salud. Y en el mediano y largo plazo se debe priorizar un programa de inversiones en salud planificado adecuadamente donde se incluya un incremento en el presupuesto de dicho ministerio.

La crisis actual deja expuesta la clara necesidad de considerar como primordial la inversión en educación, particularmente para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en donde la Universidad de El Salvador con su capacidad científica y académica puede aportar significativamente en estas áreas, si se le dotara de los recursos suficientes en el presupuesto de la nación.

En el tema del gasto público, se recomienda brindar apoyo al sector agropecuario como por ejemplo subsidios a los agricultores que producen cereales, vegetales, verduras y a los avicultores para garantizar que no exista desabastecimiento en los mercados.

Proveer subsidios a los micro y pequeños empresarios de los sectores que se verán golpeados en el corto plazo. Y se sugiere agilizar el pago atrasado de los bienes adquiridos y los servicios prestados al gobierno por parte de las Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MIPYMES) antes de la cuarentena, para reducir la falta de liquidez que puedan experimentar durante la crisis.

Coordinación y cooperación regional:

El gobierno debe impulsar medidas económicas de manera conjunta, en lugar de abordarlas de forma individual. Lo que se busca con esto es garantizar una mayor cooperación internacional a la hora de abordar este desafío sanitario y económico que enfrenta el país.

En este sentido se recomienda fortalecer la coordinación diplomática haciendo uso de los diferentes mecanismos que brinda el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) con el fin de garantizar el apoyo de los países de la región. La región centroamericana es importante para El Salvador, solo en 2018, el 41% de las exportaciones salvadoreñas tuvieron como destino el mercado centroamericano. Además, en el marco de SICA se cuenta con instituciones financieras de apoyo como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que podría ser una fuente importante de recursos para el país durante y después de la crisis.

Precios:

Evitar en lo posible el desabastecimiento de productos en el mercado, principalmente de aquellos que están relacionados a la canasta básica y al mismo tiempo, evitar que ocurran situaciones como el acaparamiento o el incremento indebido de precios.

Se reconoce que esta es una economía de mercado donde las fluctuaciones de precios dependen en gran medida de la oferta y demanda, sin embargo, las instituciones como la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia pueden actuar para verificar que no exista un abuso excesivo en el incremento de precios a manera de proteger a los consumidores, que en este momento necesitan precios razonables ante el deterioro del entorno económico, donde muchos salvadoreños se verán afectados en su situación laboral y que se encuentran en cuarentena sin percibir ingresos.

Aspectos crediticios:

Con la urgente necesidad de fondos, todas las economías de la región están buscando recursos financieros en el mercado internacional, por lo tanto, en este tema financiero es necesario evaluar el costo del crédito, que aumentará, dado que se prevé un incremento del riesgo de crédito de impago por los hogares y las empresas. Organismos como la Fundación para el Desarrollo Económico de Centroamérica (FUDECEN) recomiendan que el Banco Central de Reserva (BCR) otorgue liquidez a la economía salvadoreña a partir del encaje legal y medidas regulatorias y de supervisión financiera.

También es importante que el gobierno utilice todos los canales directos con los organismos internacionales para reconsideración de financiamiento o manejo de la deuda. Actualmente algunos organismos como el Banco Mundial han expresado e instan a países del G20 a suspender todos los pagos de la deuda bilateral de los países más pobres para concentrar los recursos en la lucha contra el COVID-19, y aunque El Salvador no está considerado como parte de los países más pobres, podría considerar dichos espacios de negociación para reajustar su deuda y condiciones en el mediano y largo plazo.


Recomendaciones para el Gobierno dirigidas a los hogares.


En general, los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recomiendan planes de empleo a corto plazo, y aunque El Salvador no cuenta con dicho mecanismo, la sugerencia de enfocar las ayudas directas a los trabajadores autónomos y apoyo a los más vulnerables, debe ser garantizada.

El Estado debe garantizar el empleo y el pago del salario de los trabajadores en el sector público, privado y trabajadores por cuenta propia. Continuar pagando y aumentar la pensión básica para las personas mayores de 60 años.

La ayuda que se ha anunciado de $300 a las familias salvadoreñas es importante. Sin embargo, se deben mejorar los mecanismos para que ese dinero llegue específicamente a quienes realmente lo necesitan, como lo son las personas que trabajan en el sector informal del país, incluso puede reconsiderarse el plazo durante el cual podría mantenerse esta ayuda temporal. Sin embargo, se exhorta a socializar los criterios para otorgar este apoyo temporal, los cuales deben definirse técnicamente estableciendo, resultados esperados, población potencial y objetivo, indicadores de seguimiento y tomar medidas de mediano plazo para prevenir la insostenibilidad del sector informal y evitar incertidumbre de la población.

Se sugiere tomar en cuenta algunos indicadores socio económicos para reorientar cualquier tipo de apoyo que se cree en los próximos meses. Por ejemplo, considerar los hogares en situación de pobreza, pues serán los más afectados por la crisis. En el país, el 26.3% de los hogares enfrentaban situación de pobreza y de esos, el 5.7% se encuentran en situación de pobreza extrema y el 20.6% en situación de pobreza relativa, según datos de la EHPM de 2018.

Otra medida que podría considerarse, es la creación de una renta básica universal temporal mientras la economía se reajusta en el ciclo económico. A manera de transferencias a las familias pobres, desempleados y personas excluidas del sistema económico (como propone el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica), un equivalente a lo requerido para vivir dignamente mientras pueda recuperarse empleos y se retoma la cotidianidad, posterior a la cuarentena por COVID-19.


Recomendaciones para el Gobierno dirigidas a las empresas.


En El Salvador el sector empresarial debe de considerarse prioritario con medidas de corto y mediano plazo pues la encuesta MYPE del 2017, revela que en el país existen 317,795 unidades productivas categorizadas como micros y pequeñas empresas (MYPE) que generan una ocupación de 854,732 personas (54.16% son mujeres y 45.84% son hombres), y cerca del 78% de ellas se ubican en el sector informal lo cual les genera condiciones precarias de empleo porque no cotizan al ISSS, ni a las AFP, lo que también les dificulta el acceso al crédito y no están registradas en el Ministerio de Hacienda.

Por lo tanto, se reconoce que el cierre parcial o total de las actividades económicas al que ha llevado la actual cuarentena, es necesaria para reducir la propagación del COVID-19, pero debe coadyuvarse con medidas económicas que ayuden a generar ingresos a los trabajadores y propietarios dentro de estas unidades empresariales al concluir la cuarentena, para impulsar nuevamente la actividad económica.

El BCR, La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Instituto de Garantía de depósitos (IGD) deben fortalecer la supervisión, desarrollar planes de contingencia y proporcionar una gran liquidez a las instituciones financieras, en particular a los préstamos a pequeñas y medianas empresas, que pueden estar menos preparados para soportar interrupciones prolongadas.

Otra medida orientada a beneficiar este sector, es poner en funcionamiento el fondo para la MYPE “Programa de garantías para la MYPE” que permita respaldar préstamos para la MYPE ante el sistema financiero y es el Ministerio de Hacienda quien tiene la facultad para ponerlo a funcionar en base al art. 50 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.

Otra opción importante es considerar el fondo para el emprendimiento y capital de trabajo establecido en el art. 52 de la Ley MYPE que permite otorgar préstamos de corto, mediano y largo plazo con tasas de interés bajas y periodos de gracia, que permitan a las MYPE operar durante la emergencia y fundamentalmente después de esta.

Las MYPE necesitan capital de trabajo para cubrir sus costos sobre todo para pagar las remuneraciones de los trabajadores. En términos crediticios también se sugiere que el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) amplíe disponibilidad de financiamiento a las MYPE, especialmente las líneas de crédito para mujeres.

Se recomienda que el Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) redefina los reglamentos para reorientar los recursos y ponerlos a disposición para dinamizar aquellas empresas MIPYME que son fundamentales en la producción de alimentos, para garantizar el abastecimiento de estos para toda la población.

Hacemos un llamado a todos los sectores de país a unirnos y trabajar juntos para sacar adelante a nuestra nación.

Finalmente, exhortamos al Gobierno de El Salvador a solicitar cuanto antes la ayuda médica a países como Cuba y a países que han demostrado tener avances en la tecnología médica para atender el COVID-19 y que han logrado casos recuperados e incluso ya están haciendo ensayos con sus vacunas beta, como por ejemplo China, Rusia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros. Asimismo, a seguir implementando la estrategia de supresión ante la pandemia, puesto que ésta brinda tiempo para prepararse, recordando que esto ha implicado un aumento en el déficit fiscal que para 2020 se estima aumente a 7% como proporción del PIB y la deuda total hasta el 72%. lo que representa un problema para El Salvador.


 

     


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San Salvador, 31 de marzo de 2020.


Publicado el Blog, Noticias el 31 mar, 2020